Investigan al Sutep por presunto financiamiento al terrorismo
Textos:Karem Barboza web@grupoepensa.pe
Nunca antes el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) estuvo más comprometido con actos delictivos como en la investigación que se sigue en el Ministerio Público por el presunto delito de financiamiento al terrorismo por un monto cercano a los 500 mil dólares.
La investigación se realiza en la Tercera Fiscalía Supraprovincial, a cargo de la fiscal Fanny Escajadillo Lock, quien ha dispuesto en esta última etapa del caso el levantamiento del secreto bancario de varios dirigentes del sindicato de maestros.
Fuentes fiscales señalaron a Correo que la investigación se inició en el 2006 (Caso N° 4-2006) luego de que se detectara que parte del dinero que recibía el Sutep del extranjero fue derivado no sólo a las protestas realizadas por los maestros sindicalistas sino destinado a elementos subversivos que estaban infiltrados en el gremio.
SUMAS GENEROSAS. Para la Fiscalía, el Sutep habría recibido una ingente cantidad de dinero de países europeos como Canadá, Noruega y Bélgica a través de la central de maestros del mundo denominada "Internacional de la Educación".
Sin embargo, dichos aportes, destinados presuntamente a proyectos de expansión educativa en el Perú, no habrían llegado a las arcas del gremio, sino que habrían sido desviados a las cuentas personales de algunos dirigentes.
Aunque los involucrados que hasta el momento han prestado su declaración afirmaron que el dinero recibido se gastó en temas administrativos del gremio, la hipótesis del Ministerio Público es que más de millón y medio de soles fueron a manos de grupos sediciosos alojados en el Sutep.
Otra opción que se maneja es que las cuentas del Sutep hayan sido utilizadas como plataforma "recepcionante" del dinero proveniente del terrorismo y el narcotráfico.
Ante ello, se ha solicitado un peritaje financiero de las cuentas del Sutep.
La idea de ese mecanismo es conocer los montos reales que recibió hasta el 2007 el Sutep del extranjero, así como establecer, de forma documentada los cargos dirigenciales.
La investigación, que se inició de oficio, ha tenido diversas trabas, según las fuentes consultadas. Una de ellas es que la documentación entregada por el Sutep hasta ahora no está completa.
Por ejemplo, actas, recibos y convenios de inversión no han sido alcanzados al despacho de la fiscal Escajadillo.
Por ello, la titular de la Tercera Fiscalía Supraprovincial ha decido ser más severa en los requerimientos y ya ordenó el levantamiento del secreto bancario de los dirigentes y todos los informes de auditoría del gremio entre el 2001 al 2009.
LOS INVOLUCRADOS. La investigación fiscal está dirigida contra los que resulten responsables y por eso todos los que han sido requeridas por la fiscal Escajadillo para que declaren han sido convocados en calidad de testigos.
Entre los citados están los exsecretarios generales del gremio Nílver López Ames, Caridad Montes de Limache, Olmedo Auris Melgar y Luis Muñoz Alvarado. También fue citado el secretario de Relaciones Internacionales del Sutep, Jorge Sánchez Pinillos (encargado del Frente Amplio Lambayeque, que reúne al MNI, PNP, PS y PCU), y los profesores Sócrates Campos Garcés, Jesús Estrada Gamarra, Juan Rodríguez Silvano, Pedro Ramírez Paredes, Máximo León Guevara, Jaime Roque Sánchez, Lina Díaz Aréstegui, Luis Vilca Pachao, María Pérez Ortiz y Maimer Vallejos Véliz.
De los antes mencionados, pocos han concurrido a rendir su declaración a pesar de que el caso ya lleva más de seis años en investigación preliminar.
LO RECHAZA. Consultado por Correo, el exsecretario general del Sutep Nílver López aseguró que como exsecretario de ese gremio ha dejado los informes correspondientes, por lo que desconoce si la administración actual los habrá remitido a la Fiscalía.
No obstante, aseguró que ha cumplido con ir a rendir su declaración y alcanzar todos los documentos referidos a su persona.
Por ello, rechazó la investigación argumentando que es una persecución política y sesgada.
Añadió que el dinero que recibieron fue parte del "apoyo de solidaridad" que obtuvieron de otros gremios magisteriales de diversos países de Europa.
"Tengo que rechazar categóricamente los presuntos delitos que nos atribuyen a varias gestiones del sindicato y las versiones que señalan que se ha financiado al terrorismo. Ahora han cambiado su criterio y dicen que también recibimos dinero del narcotráfico", dijo.
López aseveró que el dinero recibido se destinó al gasto administrativo, publicidad, eventos educativos, textos y bibliografías.
Además, indicó que todo lo recibido se manejó a través de los bancos.
Al ser consultado sobre si el Sutep ha rendido cuentas a la Apci, López alegó que lo recibido sólo pudo ser fiscalizado por ellos mismos, pues los fondos recibidos -al ser de solidaridad bilateral de la Central Internacional de la Educación- no constituye fondos públicos.
La investigación se realiza en la Tercera Fiscalía Supraprovincial, a cargo de la fiscal Fanny Escajadillo Lock, quien ha dispuesto en esta última etapa del caso el levantamiento del secreto bancario de varios dirigentes del sindicato de maestros.
Fuentes fiscales señalaron a Correo que la investigación se inició en el 2006 (Caso N° 4-2006) luego de que se detectara que parte del dinero que recibía el Sutep del extranjero fue derivado no sólo a las protestas realizadas por los maestros sindicalistas sino destinado a elementos subversivos que estaban infiltrados en el gremio.
SUMAS GENEROSAS. Para la Fiscalía, el Sutep habría recibido una ingente cantidad de dinero de países europeos como Canadá, Noruega y Bélgica a través de la central de maestros del mundo denominada "Internacional de la Educación".
Sin embargo, dichos aportes, destinados presuntamente a proyectos de expansión educativa en el Perú, no habrían llegado a las arcas del gremio, sino que habrían sido desviados a las cuentas personales de algunos dirigentes.
Aunque los involucrados que hasta el momento han prestado su declaración afirmaron que el dinero recibido se gastó en temas administrativos del gremio, la hipótesis del Ministerio Público es que más de millón y medio de soles fueron a manos de grupos sediciosos alojados en el Sutep.
Otra opción que se maneja es que las cuentas del Sutep hayan sido utilizadas como plataforma "recepcionante" del dinero proveniente del terrorismo y el narcotráfico.
Ante ello, se ha solicitado un peritaje financiero de las cuentas del Sutep.
La idea de ese mecanismo es conocer los montos reales que recibió hasta el 2007 el Sutep del extranjero, así como establecer, de forma documentada los cargos dirigenciales.
La investigación, que se inició de oficio, ha tenido diversas trabas, según las fuentes consultadas. Una de ellas es que la documentación entregada por el Sutep hasta ahora no está completa.
Por ejemplo, actas, recibos y convenios de inversión no han sido alcanzados al despacho de la fiscal Escajadillo.
Por ello, la titular de la Tercera Fiscalía Supraprovincial ha decido ser más severa en los requerimientos y ya ordenó el levantamiento del secreto bancario de los dirigentes y todos los informes de auditoría del gremio entre el 2001 al 2009.
LOS INVOLUCRADOS. La investigación fiscal está dirigida contra los que resulten responsables y por eso todos los que han sido requeridas por la fiscal Escajadillo para que declaren han sido convocados en calidad de testigos.
Entre los citados están los exsecretarios generales del gremio Nílver López Ames, Caridad Montes de Limache, Olmedo Auris Melgar y Luis Muñoz Alvarado. También fue citado el secretario de Relaciones Internacionales del Sutep, Jorge Sánchez Pinillos (encargado del Frente Amplio Lambayeque, que reúne al MNI, PNP, PS y PCU), y los profesores Sócrates Campos Garcés, Jesús Estrada Gamarra, Juan Rodríguez Silvano, Pedro Ramírez Paredes, Máximo León Guevara, Jaime Roque Sánchez, Lina Díaz Aréstegui, Luis Vilca Pachao, María Pérez Ortiz y Maimer Vallejos Véliz.
De los antes mencionados, pocos han concurrido a rendir su declaración a pesar de que el caso ya lleva más de seis años en investigación preliminar.
LO RECHAZA. Consultado por Correo, el exsecretario general del Sutep Nílver López aseguró que como exsecretario de ese gremio ha dejado los informes correspondientes, por lo que desconoce si la administración actual los habrá remitido a la Fiscalía.
No obstante, aseguró que ha cumplido con ir a rendir su declaración y alcanzar todos los documentos referidos a su persona.
Por ello, rechazó la investigación argumentando que es una persecución política y sesgada.
Añadió que el dinero que recibieron fue parte del "apoyo de solidaridad" que obtuvieron de otros gremios magisteriales de diversos países de Europa.
"Tengo que rechazar categóricamente los presuntos delitos que nos atribuyen a varias gestiones del sindicato y las versiones que señalan que se ha financiado al terrorismo. Ahora han cambiado su criterio y dicen que también recibimos dinero del narcotráfico", dijo.
López aseveró que el dinero recibido se destinó al gasto administrativo, publicidad, eventos educativos, textos y bibliografías.
Además, indicó que todo lo recibido se manejó a través de los bancos.
Al ser consultado sobre si el Sutep ha rendido cuentas a la Apci, López alegó que lo recibido sólo pudo ser fiscalizado por ellos mismos, pues los fondos recibidos -al ser de solidaridad bilateral de la Central Internacional de la Educación- no constituye fondos públicos.
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